Los datos recolectados en las recientes declaraciones
testimoniales, que tomó el fiscal de Instrucción Nº 5, Juan Pablo
Morales, quien investiga la denuncia contra la OSEP por la compra de
medicamentos oncológicos a una droguería de Santiago del Estero
inhabilitada por la Anmat, habrían sido fundamentales para que decida
imputar -seguramente hoy- al titular de la Obra Social de los
Empleados Públicos, Arturo Aguirre, y a las principales autoridades del
organismo provincial.
La imputación no solo sería por “incumplimiento
de los deberes de funcionario público”, sino que se avanzaría sobre el
cargo de “fraude a la administración”, debido a la excesiva compra de
medicamentos oncológicos, sin que se justifique ese incremento de las
cantidades adquiridas.
El supuesto incumplimiento es porque habría
quedado plenamente acreditado que aun después de la inhabilitación que
pesaba sobre la droguería Libra, la OSEP siguió comprando a esa firma y
por valores millonarios.
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